#Noticias #colombia / La Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por supuestas irregularidades en la celebración de contratos, durante la pandemia por Covid-19. El ente de control habría encontrado “sobrecostos” en al menos 5 contratos, que la administración distrital pactó por 8.802 millones de pesos, bajo la figura de ‘urgencia manifiesta’ consignada en la Ley 80 de 1993. En concreto, los acuerdos que, durante la revisión, generaron sospechas convenian el diseño y desarrollo de una campaña de prevención contra el SARS-CoV-2, por $438 millones; servicios de atención integral para habitantes de la calle, por $425 millones, y la compra de 4.500 mercados que serían entregados, únicamente, a adultos mayores, por $2.389 millones. Actuación que se habría repetido en la adquisición de alimentos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), por $5.250 millones. Sobe este último, la delegada habría encontrado que, no solo existieron sobrecostos en el precio de los alimentos, sino que, también, la interventoría contratada no cumplía con los requisitos ni la experiencia necesaria, además, “al parecer, el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos”. Por este servicio se habrían pagado $300 millones.
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